No al Impuesto Sobre el Azúcar: Primer Set a Favor de los Consumidores

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El Plan de Colaboración para la Mejora de la Composición de los Alimentos y Bebidas afectará a unos 4.000 productos que provienen de 398 empresas distintas de aquí al año 2020. El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social está promoviendo este plan junto con la industria alimentaria, que está realizando un gran esfuerzo desde un contexto de voluntariedad, evitando así medidas fiscales que siempre acaban afectando muy negativamente al tejido empresarial español, constituido principalmente por pequeñas y medianas empresas.   A pesar de todos estos esfuerzos, la voracidad fiscal hace que todavía se contemple un impuesto contra las bebidas azucaradas. Cuando no se escucha por parte del Gobierno de España, la alarma salta en Comunidades Autónomas como la valenciana. El paternalismo estatal continúa alineado con determinados grupos de presión quienes, ayudados por una gran cantidad de ONG, tienen como único objetivo promover sus intereses comerciales, aunque eso suponga poner en riesgo la salud de los ciudadanos.

Llevamos meses hablando de esto. El modelo es siempre el mismo: con el reclamo falso “sin azúcares añadidos” estas compañías intentan obtener nuevas cuotas de mercado. Sin embargo, desde un punto de vista médico y económico, estos mensajes no tienen sentido.

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Varios países del mundo han introducido impuestos al azúcar con muy pocos resultados. De México a Dinamarca, pasando por Chile, el impuesto a las bebidas azucaradas no solo no condujo a una reducción en las tasas de obesidad, sino que además dañó a las pequeñas y medianas empresas locales que se vieron obligadas a cerrar o ver como mercados vecinos se llevaban importantes cuotas de mercado.

Al mismo tiempo, estudios recientes han encontrado que no existe una correlación precisa entre el azúcar, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, mientras que los edulcorantes pueden provocar cambios importantes en el metabolismo y la flora intestinal, la generación de intolerancias a la glucosa o incluso causar diabetes y/o cáncer.

Estas campañas de desinformación contra el azúcar son extremadamente peligrosas para la salud del consumidor y difícilmente aceptables para quienes defendemos la protección de la libre elección. El problema de la obesidad, especialmente la de los niños, es un tema delicado que merece soluciones adecuadas. La introducción de un impuesto al azúcar, sin ninguna visión sistémica, es una solución incorrecta que afecta al ciudadano como consumidor y como paciente. Y además daña especialmente a los productores locales de azúcar, favoreciendo a las empresas extranjeras y multinacionales.

De momento, el peligro parece haberse escapado pero debemos estar vigilantes porque en el futuro inmediato seguiremos sufriendo amenazas de este tipo. Los problemas no se solucionan a base de impuestos sin suficiente base científica y decidiendo todo en nombre de los ciudadanos sin permitirles a ellos una mayor libertad de elección en su día a día.

 

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