La AIReF muestra el descontrol en subvenciones públicas y políticas de empleo

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, más conocida como AIReF, lleva durante todo junio publicando diversos proyectos para analizar el gasto público de las múltiples administraciones españolas. Los resultados se están recogiendo en los diversos Spending Review, uno por cada temática tratada. Por el momento llevan 5 publicados: subvenciones, recetas, políticas activas, becas e I+D+I.

La AIReF fue creada en 2013 mediante la ley orgánica del 14 de noviembre siendo Cristóbal Montoro aún ministro de Hacienda. Este organismo desempeña una función de vigilancia para garantizar que se cumple la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad de las finanzas públicas, el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad española como así recogen sus Estatutos.

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A continuación, exponemos los resultados que han obtenido en dos de los cinco informes: sobre la concesión de subvenciones y sobre los programas de políticas activas de empleo.

Concesión de subvenciones

Las Administraciones Públicas gastan más de 14 mil millones de euros en subvenciones públicas con una absoluta falta de transparencia y homogeneidad. Eso equivale a casi 300€ por persona en España. La asignación de estas situaciones carece de transparencia y rendición de cuentas, impidiendo valorar la eficacia y eficiencia de las Administraciones Publicas. La subvención constituye la principal categoría de ayudas públicas, ya que, según el Informe de Ayudas Públicas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) referido a 2016, las subvenciones han supuesto hasta un 84% del peso total de estos instrumentos de ayuda pública, un 20% superior respecto a la media de los países de la Unión Europea. El mayor problema en el análisis de las subvenciones es que no existe un mapa con el que seguir el dinero, por lo que la AIReF no ha podido asegurar que no haya duplicidades.

Sin embargo, inciden en que es necesario mejorar el control sobre cuáles son los objetivos, beneficiarios y procesos de negociación. Además, plantean una revisión total del conjunto de políticas públicas en este ámbito. Hay que empezar a exigir que la Administración Pública, además de cumplir la ley, sea eficiente en la utilización de los recursos.

Por tanto, se está produciendo un enorme gasto de dinero público con poca transparencia y escaso control de resultados que nos posibiliten saber si ese gasto se está destinando a tareas provechosas o si por el contrario está siendo derrochado.

Políticas activas de empleo

La AIReF también ha analizado el gasto público que se realiza en España en las Políticas Activas de Empleo (PAE). Este gasto, aunque no es posible conocer la cifra exacta del importe que se destina a las PAE debido a la complejidad administrativa, se estima que comprende una horquilla entre 6.000 y 6.500 millones de euros.

Dada la falta de transparencia, el informe se preocupa casi exclusivamente a analizar el programa estatal Prepara, que está destinado a promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas de larga duración. El coste total de este programa ha sido de 1.500 millones de euros en el período 2012 – 2017 y el número de beneficiarios fueron 850.000 desempleados. Pese a que a que la intención del programa Prepara era mejorar la inserción laboral del desempleado de larga duración, no se encuentran evidencias a favor de que el objetivo se consiga. Por eso el programa PREPARA no mejora la probabilidad de incorporarse al mercado laboral durante los 6 meses que dura la prestación. Sólo se encuentra un efecto positivo al de un año en cuatro comunidades autónomas: Aragón, Navarra, La Rioja y País Vasco. Además, el sistema de subvenciones para la formación es cuestionable y los cursos de formación no tienen en cuenta las necesidades del mercado laboral.

Casi peor que la inutilidad de los más de 15 mil millones de euros de gasto que ha analizado la AIReF en estos dos informes es la falta de transparencia y control del dinero público que se gasta. Las administraciones públicas parecen adheridas al refranero popular, en concreto a aquel que dice “ojos que no ven, corazón que no siente”. Sin embargo, los contribuyentes sí sienten sus bolsillos cada día un poco más vacíos.

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