El taxi vs los VTC: consumidores libres o rehenes

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El pasado mes de septiembre, el Ministerio de Fomento, cediendo ante las presiones del lobby del taxi, decidió trasladar las competencias relativas a la ordenación de los transportes terrestres a las Comunidades Autónomas, varias de las cuales han intentado aprobar una normativa que resolviese, en su región, el conflicto entre el sector del taxi y el de los vehículos de turismo con conductor (VTC), por un lado, y entre estos con la libertad de elección de los consumidores, por otro lado.

Este hecho llevó a forzar cierres patronales por parte de los taxistas, para ejercer todavía más presión sobre las administraciones autonómicas, en especial en Cataluña y Madrid, donde se concentran aproximadamente el 70% de las licencias VTC de España. Su objetivo no era realmente el de lograr la igualdad de condiciones para competir con las plataformas que usan las licencias de alquiler de vehículos con conductor, sino la de restringir la competencia para asegurar unas rentas monopolísticas que, según un informe de Analistas Financieros Internacionales (ver aquí) asciende a unos 20.000€ anuales en ciudades como Madrid o Barcelona.

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Desafortunadamente, en Cataluña los taxistas lograron sus objetivos, puesto que la Generalitat acabó aprobando un decreto altamente restrictivo con respecto a las condiciones que deben cumplir los conductores que prestan servicios de transporte terrestre con licencias VTC, por ejemplo, imponiendo un tiempo mínimo de contratación de 15 minutos. Con dicha normativa, las empresas que operan a través de las plataformas de Uber y Cabify no pueden prestar sus servicios con unas garantías mínimas de calidad, por lo que se han visto obligadas a abandonar el mercado catalán.

Los taxistas alegan que si Uber y Cabify acaban controlando el sector, estas compañías impondrían precios desorbitados y reducirán la calidad de los servicios prestados. Sin embargo, en 2019, las principales ciudades de España han aumentado las tarifas del taxi considerablemente, por ejemplo, en Madrid en torno a un 5% y en Barcelona alrededor de un 2,5%. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (ver aquí) estima que el sobrecoste por mantener el monopolio del taxi se sitúa entre el 11 y el 27%; por otro lado, el propio informe de Analistas Financieros Internacionales citado anteriormente muestra que la liberalización del sector supondría una reducción de 5€ en el coste medio de un trayecto de taxi en Madrid y en Barcelona, asimismo, los tiempos de espera podrían reducirse en un 5%, lo que significa un ahorro de 6 millones de euros en la capital de España y de 5 millones de euros en la ciudad condal.

No se trata, por tanto, de defender los VTC frente a los taxistas, sino de acabar con los privilegios de los últimos para defender que los usuarios puedan escoger el servicio que mejor les convenga en cada momento, y que la competencia, gracias a la tecnología, reduzca los precios y mejore la calidad del servicio.

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