El Gobierno de Castilla y León debe apostar por el aceite de palma sostenible

Cuando se cumplen tres meses del nuevo Gobierno de Castilla y León, es una buena ocasión para retomar un asunto que se podría reconducir en esta legislatura. En la anterior etapa, la Consejería de Educación tomó la decisión de prohibir una serie de ingredientes en los contratos públicos vinculados a los menús de los comedores escolares de la Comunidad. Con esta decisión, la Consejería presumía de ir mucho más allá del “Documento de Consenso sobre la Alimentación en Centros Educativos”, un documento que se elaboró tras un intenso trabajo de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), del Ministerio de Educación y de las consejerías de Sanidad y Educación de las Comunidades Autónomas. Además, cuenta con el respaldo de las sociedades científicas integradas en la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD), la Fundación Española de la Nutrición (FEN) y las asociaciones de madres y padres de alumnos CEAPA y COFAPA, entre otras organizaciones.

¿Por qué razón un gobierno autonómico decide ir más allá de un estudio que se había consensuado a nivel nacional? Desde esta organización, consideramos que se dejó llevar por el miedo infundado que se ha generado en torno al aceite de palma. Al prohibir un ingrediente en licitaciones públicas basándose en miedos se estaba tomando una decisión con grandes repercusiones económicas y sociales, dejando de lado el rigor científico y la apuesta por la sostenibilidad.

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Si los poderes públicos vinculados al sector agroalimentario no han dirigido sus políticas a la prohibición de ingredientes es porque ellos son los que mejor conocen el sector y las últimas evidencias científicas. Evidencias que, a día de hoy, demuestran que el aceite de palma es un aceite vegetal que procura el aporte energético y los nutrientes que deben de estar presentes en una dieta equilibrada y saludable. Además, es el cultivo con mayor rendimiento por hectárea: 3,8 toneladas frente a aceites como la colza (0,8 toneladas) o el girasol (0,7 toneladas). Por tanto, es un cultivo que puede contribuir a una menor deforestación si se apuesta por la sostenibilidad.

Por eso, una administración como la Consejería de Educación debería destinar sus recursos a la promoción de hábitos saludables en la nutrición, no a prohibir explícitamente ingredientes porque una campaña de “marketing del miedo” haya funcionado bien durante un tiempo. La realidad es que autoridades internacionales como la Food and Agriculture Organization (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la European Food Safety Authority (EFSA) no han prohibido ni desaconsejado el empleo de este ingrediente alimentario. Las únicas recomendaciones hacen referencia a la ingesta de grasas saturadas, que están presentes en multitud de aceites y alimentos. Según la OMS estas grasas no deberían superar el 10% del aporte energético diario.

El Gobierno de Castilla y León podría apostar por aceites certificados como sostenibles y así sí estaría en la vanguardia.  En el caso del aceite de palma es una de las materias primas más avanzadas, ya que el 74% del aceite que importa Europa para alimentación está certificado como sostenible. Cabe preguntarse si los aceites vegetales alternativos que no están bajo el foco de las noticias falsas están haciendo algo similar.

Desde ForFreeChoice animamos a que el nuevo Gobierno de Castilla y León deje de vetar ingredientes en contratos públicos y que presione al Gobierno de España para que firme la Declaración de Ámsterdam, que supone un compromiso para alcanzar en 2020 una cadena de suministro del aceite de palma totalmente sostenible en Europa. Los gobiernos de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido ya se han adherido a esta declaración, lo que implica dar un paso al frente para combatir las noticias falsas y adoptar un rol de liderazgo que conduzca hacia la plena sostenibilidad de la producción del aceite de palma.

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