Proteger a los propietarios para defender a los consumidores

madrid

Desde esta plataforma ya hemos explicado que los problemas relacionados con el mercado del alquiler están relacionados con la escasez de vivienda, debido a políticas de restricción de la oferta que se han producido en diversas regiones en España (ver aquí). Desde algunos consistorios, gobiernos regionales y el propio Gobierno central se han centrado en tratar de proteger en exceso a los arrendatarios, dejando en una posición de indefensión a los propietarios de viviendas.

Sin embargo, la ley de consecuencias no intencionadas, aquella según la cual aquello que haces tiene justamente los efectos contrarios que perseguías, también aplica al mercado inmobiliario: por querer proteger a los consumidores, se están restringiendo las oportunidades para encontrar vivienda en cantidad y calidad abundantes.

Aterrizando hacia una cuestión más concreta, la “okupación” ha estado en boca de buena parte de la población y de la clase política en los últimos meses, ya que juega un papel importante en la conformación de un stock de vivienda para el alquiler a precios asequibles para toda clase de consumidores.

La riqueza invertida en vivienda por parte de los hogares asciende a los 5 billones de euros, y el 80% del capital de los hogares está invertido en su primera vivienda y, en algunos casos, en una segunda vivienda. Este importante desembolso, del que depende buena parte de las rentas presentes y futuras de las familias, precisa una protección clara de la propiedad privada. Con inseguridad jurídica lo más seguro es que un individuo no se arriesgue a reformar una vivienda y ofrecerla en alquiler a precios bajos, a menos que añada una prima que compense posibles impagos del arrendatario.

El coste de la okupación se traduce en torno a 21 millones de euros anuales solo en las ciudades de Barcelona y de Madrid. Además, en forma de sobrecostes, el alquiler en la capital es 7,58 euros más caro por m2, mientras que en la ciudad el incremento es de 15,04 euros por m2.

La legislación actual protege en exceso al inquilino frente al propietario (ver aquí), además de que la voluntad política en muchas ciudades es la de ponerse del lado de asociaciones pro-okupación que se dedican a acosar a propietarios individuales con el fin de conseguir el mayor provecho posible de una situación insostenible para muchas familias, para las cuales  el alquiler de una vivienda es la única forma de ahorro de la que disponen.

Por eso, si realmente el objetivo de los políticos es el de proteger a los arrendatarios y reducir el precio de los alquileres se debe favorecer el crecimiento de la oferta para que se adapte a las necesidades de la demanda. También es necesario defender la propiedad privada con una legislación que agilice el proceso de desalojo de los okupas para que muchos arrendadores se decidan a bajar los precios y/o a reformar sus viviendas y ponerlas a disposición de los consumidores.

For Free Choice aims to promote scientific information and method in public discourse. For Free Choice also defends consumers’ choice rights against the smear and demonizing campaigns which aim to confuse them and benefit specific interests.