La inutilidad del control de precios en el mercado del alquiler de viviendas

 

El precio del alquiler de la vivienda es un tema candente en España que ya ha sido tratado con anterioridad en nuestro blog (aquí y aquí). Una vez más, vuelve a estar de actualidad por la publicación del Informe Anual del Banco de España. En él, se analiza el endurecimiento de las condiciones de acceso al mercado de la vivienda. Al contrario de lo que muchas formaciones políticas proponen, el informe desaconseja limitar el precio de las viviendas en alquiler o alquiladas, ya que este tipo de medidas no solo reducen la oferta, sino que también favorecen un deterioro importante de los inmuebles. Y es que precisamente ya existe un problema de oferta de vivienda en España, no por falta de cantidad sino por porque la vivienda ofertada no se adecua a la demandada en características como precio, ubicación y tamaño.

No hace falta retrotraerse hasta la época soviética para ofrecer un ejemplo descarnado sobre el perjuicio que crean los controles de precios. La ciudad sueca de Estocolmo está sufriendo actualmente las consecuencias de medidas similares. El informe de la OECD titulado “OECD Economic Surveys: Sweden 2017” describe cómo la absorción por parte de la agencia del alquiler pública de una gran cantidad de la oferta del alquiler a precios regulados está provocando una lista de más de 500.000 personas y 8,2 años de media de espera para la concesión de una vivienda en alquiler, y para la obtención de una vivienda de calidad es posible estar esperando hasta 15 años.

En España, la introducción del Real Decreto de reforma del mercado del alquiler el pasado marzo de este año está provocando el pánico entre los caseros más miedosos. El aumento de la duración mínima del contrato de alquiler hasta los 5 años, junto con la incapacidad de aumentar el precio del alquiler, está consiguiendo el efecto contrario al esperado. Ante la falta de libertad de los propietarios para actuar contra los inquilinos morosos, los desahucios por impagos de rentas ya duplican a los de impago de hipotecas. Las obligaciones de la ley de arrendamientos producen que la oferta disponible caiga, siguiendo por añadidura un aumento aún mayor del precio del alquiler, entre 50 y 100 euros desde la entrada del alquiler, por la imposibilidad de ir aumentándolo progresivamente en los años siguientes. El Real Decreto también restringe a 2 meses la garantía adicional a la fianza que se puede exigir a los arrendatarios haciendo que los arrendadores muestren mucha cautela a la hora de escoger a su inquilino y rechazando a muchos de ellos, principalmente a los más jóvenes, por no poder pedir garantías monetarias más cuantiosas por los posibles daños que pudiesen generarse a la vivienda.

Recordemos que, en España, casi la práctica totalidad de la oferta de inmuebles está en manos de personas físicas y no de empresas y quien pierde con la aplicación de la estrambótica ley es tanto el arrendatario como el arrendador.  

4000 años de evidencias muestran que los controles de precios producen desabastecimiento y aumento de precios. Como siempre el que pierde es usted, el ciudadano de a pie.

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