Impuestos autonómicos: la jungla tributaria española

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En los próximos meses buena parte de las Administraciones Públicas en España se enfrentarán a una importante renovación, puesto que el 28 de abril se celebrarán las elecciones generales, y el 26 de mayo las elecciones al Parlamento Europeo, las municipales y las autonómicas (con las excepciones de Galicia, País Vasco, Cataluña y Andalucía).

El próximo 5 de marzo las Cortes Generales deberán ser disueltas, y lo normal es que se paralicen la mayor parte de iniciativas parlamentarias, puesto que la Diputación Permanente es un órgano que tradicionalmente ha tenido como función ejercer el poder legislativo en casos de urgencia y necesidad. Sin embargo, el ejecutivo, liderado por Pedro Sánchez, ya ha anunciado que tiene la intención de “gobernar hasta el último día”, intentando sacar adelante, a través de Reales Decreto, importantes medidas como una reforma del mercado de trabajo, aun estando el Congreso y el Senado disueltos.

La figura del Real Decreto-ley que está prevista en el ordenamiento jurídico español como una herramienta excepcional para momentos que requieran con cierta urgencia la aprobación de normas de carácter legal, ha sido cada vez más usada en las últimas legislaturas con el aumento de la incertidumbre política y el advenimiento de nuevas formaciones políticas. Por ejemplo, desde julio de 2016, cuando comenzó la última legislatura, el 64% de las leyes aprobadas han sido decretos leyes.

El abusar de esta figura, sobre todo cuando no se cumplen las condiciones necesarias para su uso, resta calidad e importancia al debate parlamentario y, por lo tanto, a la participación ciudadana, representada por los diputados en el Congreso y en el Senado, por lo que finalmente la calidad democrática y el control del gobierno tienden a ser cada vez menores, ya que la separación entre el poder legislativo y el ejecutivo se acaba diluyendo.

Además, esta legislatura que pondrá fin en las próximas semanas ha sido la que menos leyes ha sacado adelante (90), y esto no se debe a un firme compromiso de la clase política por reducir las trabas administrativas y simplificar las normas que afectan al día a día a los ciudadanos, algo que sería positivo, sino que se debe a la inestabilidad política, lo que genera incertidumbre, sobre todo en lo relativo a la orientación de la política económica, la cual, según ha alertado el Banco de España (ver aquí), es uno de los factores de riesgo que condicionan el crecimiento económico español en el futuro más inmediato.

En definitiva, la mayor fragmentación política, que puede ser vista como algo positivo en la que medida que más ciudadanos se sienten representados en el Congreso y en el Senado y en el resto de cámaras de representación existentes en España puede provocar el efecto contrario, a saber, el poder ejecutivo, aprovechando la debilidad del legislativo, puede abusar de figuras como la del Real Decreto-ley, provocando una pérdida de control por parte de los ciudadanos de la producción normativa, al mismo tiempo que se genera un clima de incertidumbre que pone en peligro tanto el crecimiento económico como la creación de empleo.

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