Impuesto a bebidas azucaradas en Cataluña: una herramienta puramente recaudatoria

En junio de 2017, entraba en vigor en Cataluña un decreto el cual grava exclusivamente a las bebidas azucaradas y que, por ley, debe repercutirse exclusivamente al consumidor final. El objetivo de este tributo era reducir el consumo de bebidas azucaradas.

Por ello, la cuantía del tributo depende de la cantidad de azúcar que contengan las bebidas: 8 céntimos de euro por litro más, a las bebidas que tiene entre cinco y ocho gramos de azúcar por cada 100 mililitros; y 12 céntimos de euro a las bebidas azucaradas con más de 8 gramos por cada 100 mililitros.

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Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ha anulado dicho decreto. Esta decisión viene motivada por la demanda que interpusieron las asociaciones de distribución, supermercados, comercios y restauración, y que el TSJC ha decidido estimar y declarar el decreto nulo, dado que su aprobación no respetó los trámites de consulta, audiencia e información pública.

Pocos días después de darse a conocer la noticia, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) ha lamentado la decisión del TSJC y reclama mantener este impuesto extra a las bebidas azucaradas en Cataluña y propone extenderlo al resto de las comunidades.

La cuestión más importante en todo este embrollo legislativo-tributario-sanitario es saber cuál es la verdadera motivación de la aplicación de este tributo.

Para ello, vayamos al efecto real que ha tenido este impuesto en el consumo de bebidas azucaradas. El estudio “¿Los consumidores responden a los ‘impuestos disuasorios’ de manera heterogénea? Nueva evidencia del impuesto a las bebidas azucaradas utilizando datos de escáner longitudinal” realizado por la Universidad Internacional de Cataluña encuentra que la aplicación de este tributo sólo ha reducido el consumo en un 2%. Para cuantificar en calorías, otro estudio de la Universidad Pompeu Fabra calculaba que, cuando el precio aumentaba sobre el consumidor debido al impuesto, el consumo se reduce unas 24 kilocalorías por persona, lo que equivale a algo menos de 50 gramos de manzana.

Incluso uno de los investigadores del estudio de la UIC, Toni Mora, reconoce que “la incidencia ha sido muy baja”. De hecho, aunque se ha reducido el consumo de refrescos, han aumentado otras bebidas como café, té, batidos y bebidas isotónicas. (Todas estas bebidas también contienen cantidad de azúcar suficiente como para que se las incluya dentro de las categorías imponibles).

Otro efecto que encuentra es que las familias menos pudientes fueron las que más han reducido el consumo, algo obvio para aquellos que tengan una mínima noción de teoría económica, ya que, aunque un impuesto afecte en la misma proporción al presupuesto de todas las familias, para las menos pudientes esta cantidad tiene utilidad marginal mucho mayor y por ello tratarán de evitarlo lo máximo posible.

Por lo tanto, se ha podido corroborar que la excusa sanitaria para la imposición de este impuesto no es más que eso, una excusa, ya que el efecto real es irrisorio. Sin embargo, para la Generalitat, el efecto no ha sido tan irrisorio ya que en año y medio han recaudado casi 65 millones de euros, 22,7 de los cuales fueron recaudados en la segunda mitad de 2017 y 41,9 durante todo 2018.

Como esgrimen las organizaciones afectadas por este tributo, lo más probable es que esta medida haya sido injustificada, además de puramente recaudatoria, que afectaba negativamente principalmente a los propios consumidores, dado que el sector alimentario y de la restauración es uno de los principales motores de la economía española y representa un 15% del PIB nacional, proporcionando más de 4,3 millones de empleos de manera directa (un 22% del empleo del país).

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