Día de la Liberación Fiscal

Liberación Fiscal

¿Sabía usted que la mitad del año no trabaja para usted sino para Hacienda? En concreto, 178 jornadas de trabajo. Esta ignorada verdad es la conclusión a la que llega Javier Santacruz, investigador de think tank Civismo, en su informe sobre el Día de la Liberación Fiscal 2019 publicado el pasado 27 de junio. Para ello, calculan que, de media, cada español paga anualmente 12.039€ de impuestos, aunque esta cantidad varía según el tramo de edad del trabajador.

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En este cálculo tratan de englobar todos los impuestos posibles: IRPF, cotizaciones sociales, IVA, gravámenes estatales, autonómicos y municipales, como el IBI, el Impuesto de Patrimonio, Sucesiones, ITP y AJD, el de Matriculación, etc. En el caso de los Impuestos Especiales (II.EE) suponen una carga, de 1.026,29 euros por persona y año, según los últimos datos de Recaudación Tributaria de cierre de 2018.

En total, el contribuyente medio dedica 178 jornadas de sueldo a pagar impuestos, distribuidos de la siguiente manera: 103 días destinados a las cotizaciones sociales; 34, a cumplir con el IRPF; 25, a abonar el IVA; 11, a contribuir por Impuestos Especiales; y 5, a otros gravámenes (IBI, Patrimonio, Matriculación…).

El ranking de comunidades sitúa a Ceuta y Melilla como la primera en que se liberan los contribuyentes, y lo hacen el 24 de junio, seguidas de La Rioja, el 26 de junio, Canarias y Murcia, el 27. Castilla y León, Galicia y Aragón, el 28. Por el contrario, Cataluña se posiciona como la comunidad autónoma en la que más tarde se liberan los contribuyentes de trabajar para Hacienda, liberándose el 5 de julio, dos días después de número dos del ranking en la que está situada Cantabria.

Finalmente, el total de impuestos pagados y de beneficios recibidos es el que se expresa en la gráfica siguiente:

Los datos en España muestran que menos de un quinto de los contribuyentes reciben más de lo que han aportado al Estado, mientras que prácticamente el 80% paga más que lo percibido, al menos hasta la edad de jubilación. Así, la acción del sistema público de pensiones es sobre el que pivota la casi totalidad del sistema redistributivo del Estado. Éste explica por sí mismo el 70% de la diferencia entre impuestos pagados y prestaciones recibidas para la población en edad de trabajar.

Expresándolo de otra manera, los trabajadores, tanto de forma directa como indirecta (la cotización que abona el empleador), aceptan pagar durante 35 años (carrera de cotización tipo) entre 3.515,33 euros (en edad laboral temprana) y 7.775,23 euros anuales (en edad laboral adulta) por encima de lo percibido en servicios públicos, para recibir un beneficio neto en forma de pensión, sanidad y dependencia por importe de 17.768,49 euros anuales durante 20 años.

En el fondo, los trabajadores redistribuyen sus ingresos a lo largo del tiempo, sacrificando ingresos en el presente para poder disfrutar de ellos en el futuro, a cambio de una rentabilidad implícita en términos de seguridad o confianza en que el Estado siempre pagará dicha pensión. Sin embargo, esta transferencia intertemporal de recursos está sometida a diversas incertidumbres que el ciudadano no puede controlar.

En resumen, los datos proporcionados por Civismo nos llevan a plantearnos dos reflexiones. Primero, nada es gratis. Ninguno de los servicios públicos de los que se jactan en su gratuidad es tal. Ni la educación, ni la sanidad, ni el transporte público es gratuito. Lo pagamos trabajando cada uno 178 días al año. Segundo, el tener consciencia de la cantidad de esfuerzo que nos lleva tener todos esos servicios, nos obliga a pedir mayor responsabilidad a nuestras instituciones a la hora de moderar el gasto y hacerlo lo más eficiente posible.

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